Pakistán expulsa a Save The Children

El Gobierno pakistaní les acusa de realizar actividades contra el país

Los integrantes de la ONG tienen un plazo de 15 días para abandonar el país

Save the Children estaba siendo vigilado desde 2012, con la detención de Shakeel Afridi

    Un agente de seguridad vigila las oficinas cerradas de 'Save the Children' en Islamabad. SOHAIL SHAHZAD EFE

 

El Gobierno de Pakistán ha ordenado el cierre de las oficinas de Save The Children en su territorio acusando a la organización de realizar actividades contra el país. El ministro del Interior advierte al resto de grupos humanitarios: quien no cumpla las leyes tendrá que irse.

Un equipo de funcionarios, algunos policías, cerraron ayer el centro de operaciones que Save The Children tiene en la capital, Islamabad. Llegaron con una carta bajo el brazo y un candado.

 

"Hemos cerrado la oficina por instrucciones del Gobierno", dijo el funcionario Kamran Cheema, que desconocía las razones de lo que estaba haciendo. "Hemos sido enviados con una notificación de tres líneas del ministerio del Interior diciendo que esta oficina debía ser sellada y todo el personal extranjero enviado de vuelta a sus países en 15 días".

 

El Gobierno de Islamabad no realizó ningún anuncio oficial y la propia organización afirma que no han recibido información directa sobre su cierre. Fue un cargo anónimo del ministerio el que explicó que su personal humanitario estaba realizando "actividades contra Pakistán".

 

Unas actividades que, por lo que señaló esta fuente, estaban "siendo vigiladas desde hace mucho tiempo". El jefe de policía local, Hakim Khan, reconoció a Afp que un agente montaba guardia desde hace tiempo frente a la sede de la organización para controlar sus movimientos. Las llamadas telefónicas realizadas en sus oficinas también se encontraban bajo la lupa.

 

Rápidamente Save The Children criticó la acción repentina del Gobierno. "Nos oponemos firmemente a esta acción" que aumenta "nuestras serias preocupaciones a los más altos niveles".

 

Las sospechas sobre este grupo que trabaja por mejorar la situación de los más pequeños se remontan a 2012, cuando los servicios de inteligencia paquistaníes vincularon a esta organización con el doctor Shakeel Afridi, el médico al que la CIA supuestamente recurrió para realizar un programa de vacunación falsa y buscar así a Osama Bin Laden en Abbottabad.

 

Afridi fue condenado a más de 30 años de prisión como partícipe de esa campaña que profundizó las dudas entre la población local y el Gobierno ante programas de vacunación posteriores como el que trata de erradicar la polio.

 

En todo caso la organización británica siempre negó cualquier relación con aquella operación, algo que no alivió las sospechas de las autoridades paquistaníes.

 

El ministro del Interior, Chaudhry Nisar Ali, afirmó ante la prensa que varias ONG operan en Pakistán sin programas específicos, "contra el país" y bajo el respaldo de Estados Unidos, Israel e India. Para ellas lanzó un aviso: al Gobierno no le temblará la mano si tiene que expulsarlas.

 

"Damos la bienvenida a las ONG en Pakistán, pero tienen que entender nuestras leyes y nuestra Constitución", dijo antes de asegurar que no permitirán ningún trabajo encubierto ("bajo la mesa") de los grupos humanitarios. Según el ministro, los servicios de inteligencia están recopilando información sobre ONG ilegales.

 

Save The Children trabaja desde 1980 en Pakistán. Cuenta con 1.200 empleados locales en proyectos en más de 60 distritos por todo el país.

 

A pesar de que la nueva orden gubernamental obliga al personal extranjero a abandonar el país en 15 días, se da el caso de que desde hace tiempo no hay trabajadores internacionales sobre el terreno, fruto de las acusaciones relacionadas con la CIA.

 

"Todo nuestro trabajo está diseñado y realizado en estrecha colaboración con los ministerios del Gobierno a lo largo de todo el país y tiene como objetivo fortalecer los sistemas de servicio público en salud, alimentación, educación y protección de la infancia", dijo la ONG.

 

Este es el último revés de Islamabad hacia los grupos humanitarios internacionales, después de que el Ejecutivo anunciase la semana pasada que estaba endureciendo las normas para las ONG foráneas mediante la revocación de sus permisos.

 

En los últimos meses están empeorando las relaciones entre los gobiernos de esta región y las organizaciones extranjeras que trabajan sobre el terreno.

 

En India, el Ejecutivo de Narendra Modi mantiene un enfrentamiento con Greenpeace, a quien acusa de incumplir sus leyes fiscales y de atentar contra los intereses del país.

 

La semana pasada un tribunal de Delhi desbloqueó dos cuentas bancarias del grupo ecologista, evitando así el cierre forzoso al que estaba abocado, pero se le negó la entrada al país a un activista australiano de dicha entidad por estar incluido en una lista negra.

 

Mientras en Pakistán es el Gobierno el que duda del trabajo de los grupos de ayuda internacional, en el vecino Afganistán son los grupos talibán los que no toleran la presencia de grupos extranjeros en su territorio.

 

A principios de este mes, siete cooperantes y dos guardias afganos de una ONG de la República Checa fueron asesinados en el norte de Afganistán.

 

Los grupos insurgentes que pueblan la región entienden que la presencia extranjera atenta contra su soberanía y vinculan directamente el trabajo de las organizaciones humanitarias con el de gobiernos y ejércitos occidentales.

 

 

VÍCTOR M. OLAZÁBAL -> Nueva Delhi